Ante la crisis económica pedimos:
¡Un nuevo enfoque que ponga los derechos
de las personas en el centro de las soluciones!
Con motivo de la reunión en Davos del
Foro Económico Mundial a finales del pasado enero, Amnistía Internacional denunció
que la crisis económica, y la manera en que los gobiernos han optado por
abordarla, constituye un peligro claro e inequívoco para los derechos de las
personas en muchos países.
La actitud de los gobiernos, al no regular de manera efectiva
las actividades empresariales, está teniendo un impacto devastador en los
derechos de los miembros más vulnerables de la sociedad. Las políticas
gubernamentales de desregulación y la escasa supervisión han permitido que
prospere la falta de ética profesional por parte de las empresas. En la
búsqueda de beneficios, las instituciones financieras han dado luz verde a la
creación de sistemas que exponen a los grupos más vulnerables a la explotación,
a medida que la codicia empresarial se impone a la rendición de cuentas y a la
transparencia.
La mayoría de los gobiernos no ve la relación entre
los sistemas financieros, la política económica y los derechos humanos. Sin
embargo, donde quiera que vayas hoy día, encuentras gente que ha perdido su
empleo y su hogar y lucha por conseguir siquiera comida. No dejas de ver el devastador
impacto en los derechos fundamentales de las personas.
En lugar de garantizar que su política protege los
derechos humanos, los gobiernos están retrocediendo hacia enfoques y relaciones
del pasado que afianzarán las desigualdades a largo plazo durante generaciones.
Esta crisis la ha creado el hombre, y las soluciones que ofrecen los dirigentes
amenazan con repetir los graves errores del pasado.
50 millones de nuevos pobres, y una cifra superior en riesgo de caer en la
pobreza
Los gobiernos están legalmente obligados a considerar cómo
afectan a los derechos humanos las políticas y los programas que aplican. Sin
embargo, la realidad es que muchos gobiernos no realizan ni siquiera una
evaluación rudimentaria del impacto potencial que su política económica tiene
sobre los derechos.
Se calcula que unos 50 millones de personas han traspasado
el umbral de la pobreza en el mundo a causa de la actual crisis. Al terminar
2011, se creía que otros 64 millones más estaban en peligro de hacerlo.
Los gobiernos están optando sistemáticamente por no regular
el sector empresarial y por confiar en sus falsas promesas de autorregulación,
y así están creando un entorno tóxico que ya da señales de desbordarse a medida
que la gente sale a las calles para
exigir el fin de la corrupción, la codicia empresarial y la injusticia.
Los gobiernos tienen que atender a las protestas ciudadanas
Grandes sectores de la sociedad de todo el mundo han recurrido
a las protestas, las manifestaciones y la agitación social para expresar su
descontento con los gobiernos y las empresas, pero la respuesta a las protestas
ha sido variada. En muchos casos, se ha centrado más en ponerles fin, por
cualquier medio, que en abordar los problemas legítimos de fondo.
Para recuperar su legitimidad como dirigentes,
Amnistía Internacional pide a los gobiernos que garanticen que sus respuestas a
las protestas respetan los derechos humanos y abordan los problemas subyacentes
que plantean los manifestantes.
Las empresas y los dirigentes políticos deben
reconocer la necesidad de un nuevo enfoque que sea justo e inclusivo. En lugar
de afianzar la brecha entre ricos y pobres, deben adoptar nuevos planes de crecimiento
para abordar esa brecha. Deben poner los derechos de las personas en el centro
de cualquier solución. De lo contrario, la reciente agitación social que está
surgiendo en países de todo el mundo puede no ser más que el principio.
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