9 abr 2012

EDITORIAL DE LA REVISTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL - MARZO 2012



Ante la crisis económica pedimos:
¡Un nuevo enfoque que ponga los derechos de las personas en el centro de las soluciones!

Con motivo de la reunión en Davos del Foro Económico Mundial a finales del pasado enero, Amnistía Internacional denunció que la crisis económica, y la manera en que los gobiernos han optado por abordarla, constituye un peligro claro e inequívoco para los derechos de las personas en muchos países.

La actitud de los gobiernos, al no regular de manera efectiva las actividades empresariales, está teniendo un impacto devastador en los derechos de los miembros más vulnerables de la sociedad. Las políticas gubernamentales de desregulación y la escasa supervisión han permitido que prospere la falta de ética profesional por parte de las empresas. En la búsqueda de beneficios, las instituciones financieras han dado luz verde a la creación de sistemas que exponen a los grupos más vulnerables a la explotación, a medida que la codicia empresarial se impone a la rendición de cuentas y a la transparencia.
La mayoría de los gobiernos no ve la relación entre los sistemas financieros, la política económica y los derechos humanos. Sin embargo, donde quiera que vayas hoy día, encuentras gente que ha perdido su empleo y su hogar y lucha por conseguir siquiera comida. No dejas de ver el devastador impacto en los derechos fundamentales de las personas.
En lugar de garantizar que su política protege los derechos humanos, los gobiernos están retrocediendo hacia enfoques y relaciones del pasado que afianzarán las desigualdades a largo plazo durante generaciones. Esta crisis la ha creado el hombre, y las soluciones que ofrecen los dirigentes amenazan con repetir los graves errores del pasado.

50 millones de nuevos pobres, y una cifra superior en riesgo de caer en la pobreza

Los gobiernos están legalmente obligados a considerar cómo afectan a los derechos humanos las políticas y los programas que aplican. Sin embargo, la realidad es que muchos gobiernos no realizan ni siquiera una evaluación rudimentaria del impacto potencial que su política económica tiene sobre los derechos.
Se calcula que unos 50 millones de personas han traspasado el umbral de la pobreza en el mundo a causa de la actual crisis. Al terminar 2011, se creía que otros 64 millones más estaban en peligro de hacerlo.
Los gobiernos están optando sistemáticamente por no regular el sector empresarial y por confiar en sus falsas promesas de autorregulación, y así están creando un entorno tóxico que ya da señales de desbordarse a medida  que la gente sale a las calles para exigir el fin de la corrupción, la codicia empresarial y la injusticia.   

Los gobiernos tienen que atender a las protestas ciudadanas

Grandes sectores de la sociedad de todo el mundo han recurrido a las protestas, las manifestaciones y la agitación social para expresar su descontento con los gobiernos y las empresas, pero la respuesta a las protestas ha sido variada. En muchos casos, se ha centrado más en ponerles fin, por cualquier medio, que en abordar los problemas legítimos de fondo.
Para recuperar su legitimidad como dirigentes, Amnistía Internacional pide a los gobiernos que garanticen que sus respuestas a las protestas respetan los derechos humanos y abordan los problemas subyacentes que plantean los manifestantes.
Las empresas y los dirigentes políticos deben reconocer la necesidad de un nuevo enfoque que sea justo e inclusivo. En lugar de afianzar la brecha entre ricos y pobres, deben adoptar nuevos planes de crecimiento para abordar esa brecha. Deben poner los derechos de las personas en el centro de cualquier solución. De lo contrario, la reciente agitación social que está surgiendo en países de todo el mundo puede no ser más que el principio. 


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